En el Ecuador las mujeres que han sido víctimas de violación y producto de ese delito han quedado embarazadas, no pueden decidir sobre su futuro. La normativa ecuatoriana sólo permite dos causales bajo las que las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo e interrumpir un embarazo: 1) cuando la vida o salud de la mujer corre peligro, y 2) cuando una mujer que posee algún tipo de discapacidad intelectual ha sido víctima de violación y queda embarazada (COIP, 2014). No obstante, en el país las cifras correspondientes a delitos sexuales más que alarmantes, son vergonzosas para el Estado: 6 de cada 10 mujeres ha vivido violencia (INEC, 2014). Aproximadamente 3,000 niñas menores de 14 años son obligadas a parir cada año, y más de 900 mujeres han sido judicializadas por aborto (Primicias, 2020).

El abandono e irresponsabilidad Estatal, la falta de voluntad política para cambiar esta realidad, son más que evidentes. EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR TUVO LA OPORTUNIDAD HISTÓRICA DE LEGISLAR A FAVOR DE LA VIDA DE LAS NIÑAS Y MUJERES, no obstante, esta responsabilidad les quedó muy grande y NEGÓ CON 65 VOTOS LA DESPENALIZACIÓN. Para lograr cambiar esta tipificación, se necesitaban 70 votos. . Al mismo tiempo, no existe un interés por parte del gobierno actual en impulsar y proveer recursos para la disminución de esta problemática. Para el presupuesto estatal del 2020, se redujo en un 100% el rubro para la prevención de embarazo adolescente, y en un 84% el rubro para la erradicación de violencia contra la mujer.

Bajo este escenario desesperanzador para con las niñas y mujeres ecuatorianas, desde las organizaciones feministas se han planteado distintas acciones legales para incidir y lograr cambiar esta realidad. Este 10 de noviembre del 2020, se presentó una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional de Ecuador para exigir la despenalización del aborto en casos de violencia sexual. Esta demanda fue propuesta por Surkuna, Amazon Frontlines, Movimiento de Mujeres de El Oro, y la Comisión Ecuménica de DDHH (CEDHU). Esta acción de inconstitucionalidad permite anular o modificar leyes o normativa específica cuando éstas atentan a otros derechos consagrados en la Constitución, al mismo tiempo que insta a la Corte a que se pronuncie en el tema.

Es importante rescatar que en relación a esta problemática, la demanda presentada el día de hoy no es la única que se encuentra bajo el análisis de la Corte Constitucional. En el 2019, en los meses de julio y agosto respectivamente se presentaron dos demandas impulsadas por parte de Fundación Desafío en conjunto con la Coalición Nacional de Mujeres y el Frente por los Derechos Sexuales y Reproductivos. La primera demanda fue presentada por inconstitucionalidad teniendo en cuenta que la penalización del aborto en casos de delitos sexuales viola una serie de derechos como el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a decidir cuántos hijos tener, el derecho al acceso a un servicio de salud sexual y reproductiva integral, entre otros. Bajo la misma dinámica, la segunda demanda presentada a la Corte fue por incumplimiento.

En todo caso es importante mencionar que, cinco comités de Naciones Unidas han recomendado a Ecuador que despenalice el aborto como un mínimo indispensable en casos de violación. Adicionalmente, el presente año los relatores especiales de salud y de violencia contra la mujer de Naciones Unidas se pronunciaron nuevamente hacia el Estado ecuatoriano insistiendo acerca de la urgencia de cambiar esta normativa.

Si bien la realidad ecuatoriana deja mucho que desear teniendo en cuenta la incompetencia y abandono del Estado para con los derechos de las mujeres, hoy la Corte Constitucional tiene la oportunidad de cambiar esta realidad y pronunciarse a favor de los derechos constitucionales de las niñas y mujeres. En un país donde a diario se reciben aproximadamente 15 denuncias de violencia en las fiscalías y sólo el 1% llega a sentencia, en un país en donde pueden suceder 7 femicidios en menos de una semana, no basta con el simple reconocimiento de que esta problemática existe. Es urgente voluntad política para lograr erradicar y disminuir las cifras de violencia, que permita a las niñas y mujeres vivir una vida digna, libre de violencia, a plenitud.

Valeska Chiriboga, guayaquileña feminista y activista por los derechos de las mujeres. Integrante del movimiento feminista de Guayaquil. Colaboradora e investigadora en ONGs de Derechos Humanos.

Fotos: Fernando Bastias y Valeska Chiriboga