Con la llegada de la pandemia, el mundo cambió en todos los sectores: laboral, educativo y, sobre todo, en salud. Ecuador no fue la excepción. Frente a esta situación, el 22 de junio del 2020, el gobierno del entonces presidente Lenin Moreno junto con la Asamblea Nacional promulgaron la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir los impactos de la crisis sanitaria derivada del COVID19.

En medio de la situación sensible en el que se encontraba el Ecuador, esta Ley, que muchos pensaban que iba a favorecer a la ciudadanía, no tuvo dicho fin. Al contrario trajo efectos preocupantes.

En el ámbito laboral, por ejemplo, la ley agrava la condición de vulnerabilidad de las personas trabajadoras e incentiva la irregularidad y desproporcionalidad en las relaciones asimétricas, afectando los proyectos de vida de las y los trabajadores y la productividad del país. Por esa razón, en julio del 2020, la Defensoría del Pueblo presentó ante la Corte Constitucional una acción de constitucionalidad en contra de esta Ley por atentar contra los principios de los derechos consagrados en la Constitución de la República.

Tal como lo indica la Unión de Trabajadores de Ecuador (UGTE), esta Ley mancilla los logros alcanzados en materia de derechos y atenta a la dignidad de las personas debido a que se aplicaron medidas como, por ejemplo, la reducción de sueldos a los trabajadores tanto en empresas privadas y públicas.

En una entrevista que sostuve con Alejandra Santillana, feminista de izquierda, investigadora e integrante de la colectiva Ruda Feminista, ella sostiene que la ley perjudica a la clase trabajadora porque marca un hito de la política contra el derecho de los trabajadores y trabajadoras. Esta política se hizo en plena pandemia, con carácter urgente, con el objetivo de generar empleo pero que no se cumplió.

Santillana explica, además, que es una ley que genera una guerra contra la vida, “es una política de las élites de este país y de los empresarios de Ecuador”. Agrega que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que tenemos es una política neoliberal que nos hace creer que lo privado es mejor que lo público. No es así, enfatiza.

Alejandra Santillana y Sara Rojas escribieron el texto Guerra contra la vida, un análisis sobre los impactos de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Santillana afirma que la “Ley de Apoyo Humanitario ha puesto en evidencia los impuestos progresivos, que en su mayoría los ricos pagan un mínimo o no declaran y eso afecta a la clase económica del país».

Además, el estado condona la deuda a los empresarios y estos en sus empresas despiden a mucha gente, dijo la entrevistada, un aspecto que se refleja en el Informe anteriormente citado. Ante esa situación, agrega, «los ecuatorianos por falta de empleo y por necesidad se ven obligados a aceptar cualquier trabajo que a veces no están acorde a sus conocimientos o se dan condiciones laborales indignas pero que son aceptadas con tal de tener un sustento para el hogar”.

Otra situación es la afectación al mundo de la vida y la economía del cuidado. Muchas mujeres trabajan en el hogar por muchas horas y no son remuneradas. Ellas pertenecen a un porcentaje del 20% del trabajo no pago, apunta Santillana.

En el sector educativo también se sintieron los efectos negativos de la Ley. Algunos docentes obtuvieron la reducción de sus salarios, los estudiantes no recibían las clases de manera completa y se evidenciaron despidos del personal de algunos planteles educativos. Esta situación se vivió tanto en unidades educativas particulares como fiscales, acrecentando aún más la crisis laboral del Ecuador.

A falta de empleo o de dinero varios ciudadanos entraron en una crisis que afectó su salud. Al asistir a los centros hospitalarios se encontraban con la falta de personal médico, de insumos, hospitales cerrados al igual que los subcentros de salud. Al no garantizar un salario completo y trabajar media jornada faltó la presencia de médicos y de medicinas.

Otro aspecto que perjudicó fue el consumo de los servicios básicos, sea energía eléctrica, agua, internet. Las empresas que ofrecen estos servicios cortaban suministro al usuario o usuaria si no cancelaba a tiempo las planillas.

En resumen, esta Ley ha tenido un impacto negativo en Ecuador. Los más afectados por el desempleo son las mujeres. Hay una redistribución injusta de las riquezas, donde el costo de la crisis recae sobre los más vulnerables, el pueblo, y sobra las comunidades rurales.

En Lunes Feminista tratamos el tema con Alejandra Santillana. En este enlace puedes ver el programa completo.

Ludy Caicedo
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