“El Gobierno nos impuso un encierro asesino”

Maricruz Sánchez Corozo, Guayaquil

UNTHA

Mi nombre es Maricruz Sánchez y pertenezco a la Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines, UNTHA, un gremio donde tratamos de juntar a las trabajadoras domésticas para recurrir a la acción política y mejorar nuestras condiciones laborales.

Somos un sector de la población muy vulnerable. Hay muy poco reconocimiento de nuestro trabajo. Nuestros ingresos son bajos, y aunque exista un sueldo unificado, no todas lo reciben.

La pandemia nos ha golpeado muy duro. Muchas mujeres han perdido su trabajo, se enfermaron o tuvieron que llorar la muerte de sus familiares.

El Estado debe velar por el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas. En vez de tomar las medidas para distribuir la alimentación y la salud adecuadamente, las autoridades militarizaron la ciudad y contrataron a más policías para que la gente se quede en casa. Aquí la mayoría de la población vive del día a día. La gente sale a trabajar para ganarse tres o cuatro dólares, y con eso regresa a su casa con algo de comida. El Gobierno nos impuso un encierro asesino.

Con las compañeras de Quito lanzamos una campaña internacional para conseguir recursos y aliviar algunos de los problemas. Nació también la necesidad del apoyo psicológico porque con la pérdida de familiares y la preocupación económica, las angustias fueron terribles. Nuestras compañeras de Quito nos ayudaron a encontrar profesionales de la salud mental. Logramos que 27 mujeres se atendieran y, con la ayuda alimentaria, pudimos asistir a más de 300 trabajadoras.

Para cuidarnos y prevenir el contagio, usamos plantas medicinales. Con los pocos recursos que nos llegaron compramos alcohol, mascarillas, guantes. Todo lo repartimos. Tuvimos que encontrar soluciones a cualquier demanda por nuestra propia cuenta. El tema de la educación no fue una excepción. Nos organizamos en el barrio para que nuestros niños y niñas se puedan poner al día, haciendo clases presenciales con todas las medidas de protección.

No hemos tenido absolutamente ningún apoyo de las autoridades. Hasta los centros de salud cerraron. Hicimos una encuesta preguntando a las mujeres si podían al menos tener acceso a anticonceptivos, pero la respuesta fue negativa y hubo mujeres en el sector que han terminado con embarazos no deseados.

La lideresa de nuestra organización intervino en la asamblea nacional por Zoom para contar nuestras problemáticas, pero sin ningún resultado. Tampoco nos acercamos al gobierno local que perdió el control de la situación. Desapareció. La llamada Ley Humanitaria que se decretó fue una ley del desastre. Nos quitó sueldos, horas de trabajo, derechos y facilitó el despido de trabajadores y trabajadoras.

En resumen, las autoridades solo hicieron que la situación fuera peor, y nosotros como organización de mujeres y como comunidad, hemos tenido que plantear nuestras propias soluciones.