Este 3 de agosto, Washington se convierte en el escenario donde una realidad que durante décadas ha permanecido invisibilizada llega a uno de los principales mecanismos de protección de derechos humanos del continente. En la audiencia temática «Ecuador: Impacto de las políticas de seguridad ciudadana en los derechos humanos», la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escucha las voces de quienes denuncian el impacto del perfilamiento racial y del racismo estructural sobre las comunidades negras y afrodescendientes en Ecuador, en un contexto marcado por la militarización y las políticas de seguridad implementadas bajo los estados de excepción.
La trascendencia de esta audiencia va más allá del espacio institucional. Representa un precedente para Ecuador y la región porque coloca en la agenda interamericana una práctica que durante años ha sido normalizada: el uso del color de piel y la pertenencia étnico-racial como criterio para controlar, detener, vigilar y ejercer violencia sobre personas negras y afrodescendientes. Llevar esta discusión ante la CIDH significa exigir que estas violaciones sean reconocidas como una expresión del racismo estructural y que el Estado adopte medidas que garanticen justicia, reparación y garantías de no repetición.
La audiencia también demuestra que, frente a un contexto político global marcado por la fragmentación de los movimientos sociales, el debilitamiento de las organizaciones colectivas y la criminalización de quienes defienden los derechos humanos, la articulación sigue siendo una forma de resistencia y de incidencia política. La participación conjunta de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), como organización peticionaria, del Colectivo Mujeres de Asfalto, representado por Juana Francis Bone y Linda Bravo, y del activista afrodescendiente Jimmy Ocles expresa una apuesta colectiva por construir alianzas capaces de enfrentar el racismo estructural y llevar las demandas de los pueblos negros y afrodescendientes a los escenarios internacionales donde también se disputa la justicia.
Cuando organizaciones de derechos humanos, liderazgos afrodescendientes, defensoras, activistas y comunidades construyen agendas comunes, fortalecen su capacidad de incidencia y desafían narrativas que históricamente han legitimado la discriminación. En un tiempo que insiste en dividir las luchas, esta audiencia recuerda que tejer alianzas es también una forma de proteger la democracia, disputar el sentido de la seguridad y defender la dignidad de los pueblos.
Lo que ocurre hoy en Washington trasciende una jornada ante la CIDH. Es la expresión de una lucha colectiva que se niega a aceptar el racismo como una condición normal de la vida cotidiana y que reivindica el derecho de los pueblos negros y afrodescendientes a vivir sin discriminación, sin violencia institucional y con acceso pleno a la justicia.
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