Una violencia que se entiende desde las heridas de la memoria de Esmeraldas
Para entender qué significa una desaparición forzada en Ecuador, es inevitable mirar el caso de Ismael, Josué, Nehemías y Steven. Un caso que confirmó la brutalidad del accionar del Estado, pero que, al mismo tiempo, no fue el inicio y está lejos de ser el fin de una problemática que lleva décadas sucediendo.
Una desaparición forzada ocurre cuando una persona es detenida o privada de su libertad por agentes del Estado y, posteriormente, las autoridades niegan esa detención, ocultan información o se niegan a informar sobre su paradero. Esta es una de las formas más graves de violencia estatal, porque quien debería proteger los derechos de una persona termina privándola de su libertad y negando incluso que esa detención haya ocurrido.
Para sus familiares, además, esto significa enfrentarse a una búsqueda sin respuestas: jornadas interminables de desesperación, sin saber dónde está la persona, qué le ocurrió ni quién debe responder por ella. Por eso, hablar de desaparición forzada no implica únicamente hablar de una detención ilegal, sino también de la incertidumbre y el abandono que enfrentan quienes buscan a sus seres queridos.
En Ecuador, esta problemática no nació con la actual crisis de seguridad. La Comisión de la Verdad, creada para investigar graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1984 y 2008, documentó 17 casos de desaparición forzada. Varios de ellos tienen, además, una relación directa con Esmeraldas.
En 1985, tres jóvenes militantes políticos, Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, fueron detenidos por militares en Esmeraldas. Fueron trasladados a instalaciones militares y, durante su detención, las autoridades negaron que estuvieran bajo custodia. Susana Cajas y Javier Jarrín fueron liberados después de varios días de torturas físicas, psicológicas y sexuales. Luis Vaca, en cambio, no apareció. Permaneció desaparecido durante tres años, hasta que fue encontrado nuevamente en 1988. Ese mismo año, en el cantón Quinindé, Consuelo Benavides fue detenida por integrantes de la Infantería de Marina. Su familia perdió todo rastro de ella y, nueve días después, sus restos fueron encontrados en el cantón Esmeraldas. Las investigaciones determinaron que había sido torturada y asesinada. Posteriormente, en 1998, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado ecuatoriano por su detención, desaparición y muerte.
Estos hechos forman parte de las heridas que posee la memoria de Esmeraldas y muestran que la desaparición forzada no es una preocupación para nada exagerada, que apareció con la actual crisis de seguridad ni un tema que recién ahora esté “de moda”. Por el contrario, se trata de una problemática histórica, vigente y todavía inconclusa.
Casi cuatro décadas después, las desapariciones volvieron a aparecer en medio de una nueva etapa de militarización. En 2024, el Estado ecuatoriano amplió el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y comenzaron a acumularse denuncias de personas detenidas durante operativos militares cuyo paradero posteriormente se desconocía. En ese contexto, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas también recibió casos ocurridos a finales de 2024 en Esmeraldas, Guayas y Los Ríos. Entre ellos se encontraban jóvenes y menores que habrían sido privados de su libertad durante operaciones militares, sin órdenes judiciales y sin un reconocimiento oficial de las detenciones.
En Esmeraldas se recogen casos como el de Edwin Eduardo Pata Cheme, detenido en enero de 2024 en su domicilio de Tachina junto con familiares y vecinos. También están los casos de Bruno Rodríguez y Fardi Muñoz, dos jóvenes interceptados por militares en la ciudad de Esmeraldas durante ese mismo mes. A estos se suma la desaparición de Neivi Mina Quiñónez y Ariel Cheme Franco, detenidos por militares en julio de 2024 y posteriormente encontrados muertos.Estos casos continúan siendo denunciados por sus familias y por organizaciones de derechos humanos. Además, muestran cómo la discusión sobre las desapariciones forzadas se cruza directamente con la vida cotidiana de los barrios y comunidades de la provincia.
Esmeraldas no es, entonces, un territorio que recién ahora aparece en el mapa de la militarización. Es una provincia que arrastra una memoria de violencia estatal y que, durante los últimos años, ha vuelto a experimentar operativos militares como parte de la respuesta frente al crimen organizado.Por eso, resulta importante mirar lo que está ocurriendo actualmente en el norte de la provincia. El 3 de marzo de 2026, el Comando Sur de Estados Unidos anunció oficialmente que fuerzas militares estadounidenses y ecuatorianas habían iniciado operaciones conjuntas contra organizaciones consideradas terroristas por ambos gobiernos.
Posteriormente, en julio, el comandante del Comando Sur, Francis L. Donovan, visitó San Lorenzo y se reunió con autoridades militares ecuatorianas para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y observar las acciones contra organizaciones de narcotráfico. Luego, en agosto, Donovan volvió a San Lorenzo, esta vez para reunirse con autoridades militares de Ecuador y Colombia y discutir acciones conjuntas contra redes de narcotráfico en la zona fronteriza. Así, en pocos meses, lo que comenzó como un anuncio de operaciones conjuntas se ha convertido en una presencia cada vez más visible de la cooperación militar estadounidense en una zona particularmente sensible de Esmeraldas.
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