Continúa la audiencia por el agua, la vida y el territorio
Este 10 de julio continúa en la Unidad Judicial de Tumbaco la audiencia de la acción de protección presentada por 490 campesinas y campesinos de Las Naves, San Luis de Pambil y Zapotal contra el Estado ecuatoriano, el Ministerio de Energía, el Ministerio del Ambiente y la empresa Curimining S.A. Las comunidades denuncian que el proyecto minero Curipamba – El Domo amenaza el ecosistema Piedra Negra ubicado en la provincia de Bolívar, vulnera sus derechos y pone en riesgo las fuentes de agua que sostienen la vida y la producción agrícola del territorio.
La audiencia forma parte de un proceso iniciado en agosto de 2025, cuando las comunidades presentaron la acción de protección tras denunciar que el proyecto fue aprobado sin garantizar plenamente sus derechos. Aunque la demanda fue inicialmente inadmitida, en abril de 2026 la Corte Provincial de Pichincha aceptó la apelación y ordenó que el caso sea conocido por una jueza, abriendo finalmente la posibilidad de que las comunidades sean escuchadas. Desde ese entonces, la incertidumbre que caracteriza al sistema judicial ecuatoriano ha sido parte cotidiana para las y los habitantes de estas comunidades.
Durante la primera jornada, realizada el 7 de julio, las comunidades llevaron al centro del proceso sus propios testimonios. Las personas afectadas relataron cómo la actividad minera ya estaría afectando el acceso al agua, la agricultura y la convivencia comunitaria. Uno de los testimonios recordó que Piedra Negra es el lugar donde nacen las fuentes de agua que abastecen a cientos de familias y denunció que, desde el inicio de la exploración, comenzaron a aparecer sedimentos en los ríos y desaparecieron los peces.Pero las denuncias no se limitaron al impacto ambiental. También se expusieron hechos de violencia e inseguridad asociados al avance del proyecto: tránsito permanente de maquinaria pesada por caminos comunitarios, deterioro de puentes y viviendas, intervenciones policiales durante protestas y procesos de criminalización contra quienes defienden su territorio.
Las comunidades advierten que lo que está en juego trasciende sus propios límites. Según la información presentada en el proceso, cerca de 7.000 personas podrían ver comprometido su acceso al agua, mientras que la intervención sobre Piedra Negra afectaría una zona estratégica para la cuenca del río Guayas y para una economía campesina basada en la agricultura familiar.
La jornada de hoy será seguida de cerca por organizaciones de derechos humanos, colectivos sociales y ciudadanía. En un contexto donde las personas defensoras del territorio han denunciado hostigamientos y criminalización, mantener la atención pública sobre este proceso también constituye una forma de proteger sus derechos y exigir que la justicia actúe con independencia y garantías.
Piedra Negra no sólo enfrenta una disputa judicial.Esta audiencia puede marcar el futuro del agua, de la vida campesina y del derecho de las comunidades a defender sus territorios. Por Piedra Negra, por la dignidad y la vida ¡nadie se cansa!
