Estas últimas semanas, en Ecuador, las adolescencias han vuelto a aparecer una y otra vez en el centro de la conversación pública sobre la crisis de seguridad. Y, de manera particular, las adolescencias negras. Sus nombres, sus rostros y sus historias circulan constantemente entre titulares, noticieros y redes sociales: Una exposición reiterada que parece decirnos algo más sobre el “Nuevo Ecuador” que se está gestando: ahora es un país donde los discursos oficiales y mediáticos continúan construyendo a las adolescencias negras desde la sospecha, el miedo y el castigo, reduciendo sus vidas a narrativas que les niegan complejidad, contexto y humanidad. Lo hicieron con Josué, Ismael, Steven y Nehemías, y lo siguen haciendo hoy: instalando imaginarios que normalizan la violencia estatal y social sobre los cuerpos negros, hasta convertir el dolor, la persecución y la vulneración de derechos en algo cotidiano e indiferente para cualquiera,
La pregunta que nos debe movilizar es qué está dejando de hacer el Estado ecuatoriano para que las adolescencias se hayan convertido en uno de los principales rostros de una crisis de seguridad que no encuentra respuestas reales. Porque mientras el miedo organiza el debate público, el abandono, la precarización y la violencia institucional siguen marcando la vida de miles de niñas, niños y adolescentes, especialmente negros y empobrecidos, que aparecen constantemente en el centro de la conversación nacional, pero rara vez en el centro de las políticas de cuidado, protección y dignidad.
Este 18 de junio de 2026, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 424, reconociendo nuevamente la existencia de un conflicto armado interno en el país y habilitando nuevas formas de cooperación internacional en materia de seguridad. La medida llegó apenas días después de un nuevo estado de excepción decretado por 60 días en diez provincias entre ellas Guayas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Pichincha bajo la figura de “grave conmoción interna”. Estas medidas profundizan una estrategia sostenida en la militarización y un lenguaje de guerra permanente. Sin embargo, después de años de estas políticas, las adolescencias siguen apareciendo en el centro de una crisis que el Estado no ha logrado resolver. Y la conversación no puede seguir centrada únicamente en ellas, porque la precarización de la vida, el abandono estatal y la ausencia sistemática de cuidado y oportunidades han permitido que estructuras criminales encuentren terreno fértil para ser funcionales. Reducir esta realidad al escrutinio sobre las adolescencias implica ignorar las responsabilidades estructurales de un Estado que, para miles de niñas, niños y adolescentes, simplemente no ha estado.
La cobertura mediática reciente ha contribuido poco a esta reflexión. En muchos casos, la exposición de adolescentes ha rozado prácticas profundamente cuestionables. La protección de la identidad de niños, niñas y adolescentes no existe para garantizar impunidad. Existe porque el ordenamiento jurídico reconoce que son sujetos de especial protección y porque entiende que la estigmatización pública puede perseguirles durante toda la vida. Rostros identificables, imágenes difundidas masivamente y narrativas construidas alrededor de la peligrosidad juvenil han ocupado más espacio que las preguntas urgentes sobre protección, prevención y garantías.¿Qué posibilidad de reconstrucción ofrece una sociedad que primero expone y después pretende reinsertar?
La situación adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando observamos quiénes son los adolescentes que con mayor frecuencia aparecen bajo sospecha. En un país atravesado por profundas desigualdades raciales y territoriales, las adolescencias afroecuatorianas vuelven a ocupar un lugar central en las narrativas sobre inseguridad, no como sujetos de derechos, sino como objetos de sospecha.Por eso resulta necesario rechazar cualquier lectura que reduzca el problema a la existencia de adolescentes involucrados en hechos violentos. Esa mirada simplifica una realidad mucho más compleja y termina trasladando la responsabilidad hacia quienes deberían ser protegidos.
Mientras el Gobierno renueva conflictos armados internos y estados de excepción, las adolescencias continúan siendo uno de los grupos más expuestos a la violencia. Y mientras el debate público siga concentrado en señalar a los adolescentes antes que en examinar las condiciones que producen esa violencia, seguiremos confundiendo las consecuencias con las causas.El problema es un país que parece haber normalizado la excepcionalidad y la guerra, sin lograr garantizar aquello que debería ser irrenunciable: la vida.
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