En 1983, el activista en derechos civiles, Benjamin Chavis acuñó el término racismo ambiental y se refirió a él como “la discriminación racial en las políticas ambientales y en la elección deliberada de las comunidades negras para depositar residuos tóxicos e instalar industrias contaminantes”. 

La región costa del Ecuador lleva décadas de intenso sufrimiento ambiental ligado, principalmente, a cuestiones estructurales de racismo que permiten que estos ecosistemas y sus habitantes sufran de una muerte lenta. Actualmente, son múltiples las denuncias hechas por las comunidades y actores de la sociedad civil organizada hacia el Estado y las empresas nacionales y transnacionales por su falta de responsabilidad en generar y respetar normativas para evitar las catástrofes ambientales que ya se han cobrado muchas vidas. Derrames de petróleo, minería, deforestación, mala gestión de residuos, tala de manglares, monocultivos de palma, contaminación constante al aire, suelo y fuentes de agua son algunos de los problemas que afectan a la región.. 

La vulneración de derechos humanos ejercida desde varias industrias extractivistas hacia las poblaciones afrodescencientes/negras, montubias e indígenas de la costa se ve reflejada en las constantes enfermedades, el abuso laboral y la falta de acceso a justicia y reparación de su población. 

En primer lugar, los derrames de petróleo han sido una cuestión de gran preocupación para los pescadores y habitantes de esta zona. Según cifras oficiales del Ministerio del Ambiente, en Ecuador, durante 2020, se produjeron en promedio dos derrames de petróleo cada semana. Han sido varias las ocasiones en las que estos derrames han ocurrido en el mar ecuatoriano.  Según el diario El Comercio, en junio de 2014, fueron derramados 250 barriles debido a una rotura en una tubería de la compañía estatal de transporte petrolero Flopec. La Fiscalía General del Estado reportó que el balneario Las Palmas, en 2017, fue azotado por derrames petroleros que hicieron que la Fiscalía inicie una investigación para determinar el origen de estos incidentes. Incluso, en 2020, el diario La Hora expuso que el mismo espacio fue una vez más contaminado con un derrame de crudo, según un reporte del Terminal del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Las afectaciones de la industria petrolera a los ecosistemas marinos, a la salud y economía de los habitantes de estas zonas son una muestra del poder ejercido desde las industrias de hidrocarburos, las mismas que poseen un largo historial de afectar comunidades racializadas en nuestro país. 

También está el problema de la minería en las playas ecuatorianas, especialmente, en El Oro, Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y Guayas. Según el Mapa Catastral de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), existen ocho concesiones de extracción metálica en zonas playeras, principalmente dedicadas al oro, titanio y hierro. Según Yánez y Hernández, investigadoras de Mongabay, en 2018 se vió que la concesión a La Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M. ocupa 4032 hectáreas que se distribuyen entre las parroquias esmeraldeñas, de San Gregorio, Bolívar y Muisne, limitando con el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Muisne, un área protegida que, al estar tan cerca de esta zona de explotación, corre grandes riesgos de contaminación. En noviembre de 2020 en el sector de Los Ajos de Balzar, Esmeraldas, se dio un derrumbe minero que terminó con la vida de cuatro mujeres y un menor de edad. Acción Ecológica, en base a estos hechos, ha señalado la existencia de resoluciones judiciales de medidas cautelares emitidas desde 2011 a 2018 que disponen la paralización de actividades de este tipo en la zona, sin embargo, la Empresa Nacional Minera del Ecuador inició operaciones en la zona sin realizar consultas previas a las comunidades afro/negras e indígenas que aquí habitan. Esto muestra, además, que el sufrimiento ambiental en la zona se ve promovido gracias a la omisión estatal.

Otro tema de importancia es la deforestación en la costa ecuatoriana. Este problema se relaciona directamente con la expansión agrícola en zonas que tenían bosques protegidos. Un ejemplo de esto fue reportado por el diario El Universo en 2019. Se trata de la introducción de la teca para plantación en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y Esmeraldas, lo que ha afectado zonas de alta biodiversidad de áreas protegidas y en las cuáles la acción de reforestación ha sido poco exitosa, según las críticas de varias organizaciones ambientales. Esmeraldas se caracteriza por ser la sexta provincia a nivel nacional en cuanto al porcentaje de bosques y es la primera en cuanto a pérdida de bosque según el Ministerio de Ambiente y Agua en 2018. Al ser la provincia con mayor deforestación a nivel país, en 2013 se firmó el Decreto Ejecutivo 116 que declaraba un estado de excepción den la provincia de 60 días con el fin de evitar las actividades de aprovechamiento forestal. Sin embargo, El Telégrafo en 2019 reportó que se deforestan 12 mil hectáreas por año en la selva Chocó y las actividades de este tipo han continuado, acabando de a poco con el legado de protección de los bosques de miles de comunidades indígenas que defendieron sus territorios ancestrales. 

Con todo esto no es difícil pensar que la contaminación al aire, ríos y suelo de la costa ecuatoriana son temáticas de urgente respuesta estatal. En Guayaquil han sido varias las ocasiones en las que se ha detectado contaminación a los esteros. En particular, el Estero de Palanqueado llamó la atención de técnicos del Ministerio de Ambiente (MAE) el año pasado al mostrar varios focos de contaminación gracias al mal tratamiento de residuos. Según Marcel Bonilla, redactora de El Comercio, apenas este año, en San Lorenzo, Esmeraldas, 350 familias afro y Awá de la zona de La Chiquita y Guadalito insistieron en su denuncia ante el Ministerio de Ambiente por la contaminación a sus esteros, por la que debían recibir una reparación que debió cumplirse el 2017. Las afectaciones de este tipo de daños ambientales van directamente a los sistemas de subsistencia que poseen los comuneros, es decir, pierden sus fuentes de agua y alimento y, consecuentemente, terminan enfermando y empobrecidos. 

En este panorama existe una clara tendencia estatal a beneficiar a los actores de poder, es decir, a las empresas que lucran de los recursos naturales de esta zona. En el caso de Manabí, en 2009, la Dirección Provincial de Ambiente publicó un informe sobre la contaminación de 16 empresas a los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó, entre las que se señala a La Fabril, Pepesca, Harinasa, Olimar, entre otras, que han sido acusadas de mal manejo de residuos. Lo impactante es que esta realidad no ha cambiado mucho hasta el momento.

Por otro lado, se debe exponer la contaminación generada desde la Refinería y la Termoeléctrica, especialmente, a los ríos Teaone y Esmeraldas, que son una importante fuente de subsistencia para las comunas aledañas. Bien conocido es el caso de la rotura del poliducto Esmeraldas-Santo Domingo que provocó un gran incendio en 1998 y cobró vidas y pérdidas materiales. Según diario La Hora, hasta enero de 2020, se habían desembolsado apenas 8 de los 11 millones acordados en el fallo por la compensación para obras comunitarias. Este retraso en el pago se suma a múltiples y nuevas denuncias sobre el mal funcionamiento de estas empresas. Apenas en diciembre de 2020, la Defensoría del Pueblo presentó un informe final sobre el problema de funcionamiento de las unidades recuperadoras de azufre de la Refinería de Esmeraldas, lo que ha causado serios problemas de salud y ha impedido el desarrollo de las personas en un ambiente sano. 

Bajo la misma línea de empresas siendo beneficiadas por encima del bienestar de la población y la biodiversidad está el caso de las camaroneras. La Reserva Ecológica Manglares-Cayapas-Mataje (Esmeraldas) constituye una amplia área que alberga una cantidad inmensa de especies de crustáceos provenientes del manglar Majagual. En este espacio desde 1993 se permitió la instalación de dos grandes camaroneras llamadas El Rosario y Puro Congo. Según el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales en 2006, esto ha permitido que estas empresas viertan agua de forma ilegal en los esteros de El Aguacate, Guachalá, Majagual y el río Cayapas, provocando la muerte de 20 especies migratorias y la disminución de más del 70% de los recursos marinos del área, lo que ha afectado en gran medida al sector de pesca artesanal. 

Un informe técnico del MAE de agosto de 2020 señaló que el manglar del golfo de Guayaquil (40,55 hectáreas) ha sido fulminada por la empresa Negodich S.A. Lo problemático de esto es que cada vez que se presenta un nuevo informe sobre la situación de los manglares, se enfatiza en la normativa de protección a estos ecosistemas, sin embargo, la realidad apunta a que se hace caso omiso de estas directrices. Incluso con la estrategia de generar acuerdos como el de Uso Sostenible y Custodia del Ecosistema de Manglar, que favorecen a la conservación de estos espacios en manos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, es difícil inferir que se respetan estas normativas por encima de los intereses económicos. 

En relación a estas empresas se debe analizar la existencia de problemas estructurales que complejizan la relación de los comuneros con estas dinámicas de sufrimiento ambiental. Además, de las enfermedades relacionadas directamente a la contaminación, muchas de estas poblaciones afro/negras e indígenas han pasado a tener relaciones de dependencia con estas industrias. Esto se debe a un ciclo en el cuál estas mismas empresas, al haber desposeído de sus tierras a las comunidades que aquí habitaban ancestralmente, se apoderaron de estos espacios para sus labores productivas irresponsables y destruyeron ecosistemas que brindaban medios de subsistencia a las poblaciones. Al terminar con los animales de caza, tierras de cultivo y fuentes de agua, muchas de estas comunas perdieron su independencia económica, pues no pueden seguir apelando a sus prácticas de subsistencia ancestrales. Esto llevó a un empobrecimiento de las comunas, afectó su calidad de vida y, además, les orilló a buscar trabajos mal remunerados y en situación de abuso laboral en estas mismas empresas. 

Lo preocupante de todos estos casos es que, para estas comunidades históricamente racializadas, los procesos de acceso a justicia son difíciles de alcanzar. Por ejemplo, la lucha constante de las comunidades Tsáchilas por mantener sus ríos limpios demuestra la falta de aplicación de medidas determinantes desde la esfera legal por frenar la contaminación de grandes empresas. Por otro lado, el nivel de empobrecimiento hace difícil que los trabajadores de este tipo de zonas puedan, si quiera, contratar abogados para llevar sus casos, ya sean de despojo territorial o abuso laboral. Incluso, según Moreno 2019, existen casos en que estas empresas criminalizan a quienes están peleando por sus derechos, como en el caso de los líderes de la comuna Wimbí en sus procesos de resistencia.

Este abuso y discriminación constante desde las esferas de poder estatal y transnacional es una realidad a la que se enfrentan a diario las comunidades afro/negras, montubias e indígenas de la costa ecuatoriana. En medio de la contaminación, pobreza, enfermedad, descomposición social e injusticia se desarrollan cientos de familias que luchan por mejorar sus condiciones de vida. Es momento de cuestionar cómo el proyecto nacional de desarrollo capitalista ha permitido la muerte lenta de poblaciones y ecosistemas que al parecer son desechables para la voluntad del poder. Así mismo, es importante levantar la mirada hacia los posibles acuerdos que impulsan la defensa de estos territorios en catástrofe ambiental, como es el caso del acuerdo de Escazú, mismo al que Ecuador está suscrito y al que se espera pueda responder. Es imperante apoyar los procesos de resistencia y defensa de los derechos humanos de las poblaciones esmeraldeñas para evitar mayores catástrofes a futuro en este sistema nacional homogeneizador y racista.

Esthefanía Cárdenas
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