Por María Isabel Pérez
El 31 de mayo pasado, la Secretaría Técnica de Asentamientos, junto a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, desalojó de manera forzosa a las familias ubicadas en el sector Nueva Esperanza en Monte Sinaí (Guayaquil), violentando física y psicológicamente a adolescentes, niños y niñas.
Fernando Bastias, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), comenta que “no solamente hubo un desalojo de vivienda, sino que hubo un uso desproporcionado de la fuerza hacia menores. Los chicos y las chicas al ver que los policías y los militares estaban demoliendo casas hicieron un cerco humano y se defendieron contra la policía y los militares, pero ellos respondieron con fuerza bruta”.
El operativo ocurrió cuando gran parte de la comunidad estaba en la Corte Provincial de Justicia del Guayas en audiencia de apelación para solicitar una acción de protección y sus hijos e hijas estaban solos en casa. María Eugenia, lideresa de la comunidad Nueva Esperanza, comenta al respecto:
“Donde el del bus no le acelera un poquito, ya le iban a tumbar la de ella, ella es madre soltera, la de la otra muchacha. Ellos se fueron fue porque nosotras llegamos y le pedimos la orden y les dijimos que ya venía el defensor. Cuando le dijimos que venía el defensor ahí si corrían por el monte, pero antes de eso, querían seguir tumbando. Igual dijeron que iban a venir a tumbar las casas. Que iban a volver a hacer un desalojo. Pero, que me aclaraban, que en el próximo desalojo, la primera casa iba a ser la mía. Que por hacerle la guerra. Para ellos yo soy una mala persona porque me dicen que me pongo a insultarlos y a denunciarlos. Aquí todo el mundo sabe que yo no los insulto.”
Los menores fueron llevados al subcentro de salud por golpes y lesiones, y una adolescente fue llevada al Hospital Monte Sinaí porque recibió un golpe donde previamente se le había realizado una operación.
“Yo los llevé con Fernando, del CDH. Para poder que nos atendieran más rápido. Igual los atendieron, pero a como los niños dijeron que era que les habían pegado los militares, entonces dijeron que no nos podían dar certificado médico. Tenían que llevar la orden de un fiscal para poder que nos dieran eso. Entonces fue muy tenaz. Y bueno a una niña si la metieron a rayos x porque ella por ir a coger la hermanita le pegaron y estaba recién operada, que le dio apendicitis. La tiraron de ese carro hacia allá y le lastimaron su herida, su cirugía. Son malos… y se enojan porque yo les pido la orden. Les digo que nos tienen que mostrar la orden del juez donde diga que nos van a desalojar y que ahí pues yo ya procedo a decirle a la comunidad que es legal, que esperemos al abogado, o algo. Pero ellos dicen: “no traemos ninguna orden. Túmbeme esa. Túmbeme esa. Usted váyase para su casa que a usted eso no le interesa”. Y como que no me interesa pues si yo soy la que estoy haciendo los trámites de aquí, yo soy la líder como no me va a interesar mi comunidad. Aquí están las fotos, los videos. Y todos los que aparecen ahí son culpables.”
A la lideresa de la comunidad, María Eugenia Delgado, la conocen como mamá María. Su vivienda funciona como casa comunitaria y escuelita para los niños y niñas del sector. Ella muchas veces cocina para las familias vecinas, dice que aunque sea un plato de arroz, o lo que pueda ofrecerles. Doña María Eugenia es una mujer en condición de movilidad humana, desplazada por la violencia que sufrió en Colombia, su país natal. Según datos levantados por la CDH, en el sector se estima que hay unas 164 personas en condición de migrantes y alrededor de 200 personas de nacionalidad ecuatoriana. El 50% de las personas refugiadas y migrantes son menores de edad.
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