Por: Katherine Rocha
El panel de justicia ambiental y salud integral contó con la destacada participación de Ruth Quiñonez, técnica del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y Joselyn Mayorga, concejala metropolitana de Quito. Ambas ponentes analizaron, desde un enfoque social e integral, las problemáticas y desafíos ambientales que enfrentan los territorios afectados por la contaminación derivada de actividades extractivas e industriales, y sus impactos en la calidad de vida de las personas.
En este marco, se abordaron inicialmente las problemáticas que han afectado gravemente a la población de la provincia de Esmeraldas, cómo el derrame de petróleo ocurrido en marzo de 2025. Este hecho desató una catástrofe ambiental no solo por los daños a la biodiversidad, sino también por sus impactos sociales, económicos y en la salud de las comunidades, especialmente de aquellas que habitan en zonas cercanas al área afectada, pero que hasta el momento no han recibido una respuesta eficaz por parte del Estado.

Asimismo, se analizó la situación de las comunidades racializadas en territorios de la Amazonía y la Sierra Centro, donde los proyectos extractivos y mineros han provocado consecuencias negativas en la salud de la población. Entre los efectos más comunes se identifican el aumento de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, como resultado de la contaminación de ríos y suelos. A esto se le debe añadir los altos niveles de pobreza extrema que se vive en estas zonas, lo que limita el acceso servicios básicos y medios de vida seguros.
Igualmente, se enfatizó en los efectos diferenciados de la contaminación ambiental en la salud y bienestar de las mujeres, quienes además de sufrir las consecuencias de los desastres ambientales, enfrentan mayores cargas en el trabajo doméstico y desigualdades en el acceso a servicios y oportunidades. De la misma manera, se destacó la dificultad que tienen muchas mujeres para gestionar salud menstrual de forma segura, debido a la falta de acceso a agua limpia y productos de higiene, lo que incrementa el riesgo de infecciones y otras afecciones asociadas a la carencia de servicios adecuados de saneamiento.

Finalmente, se discutió el papel de la gestión pública en el ámbito ambiental, destacando la responsabilidad de los municipios en el manejo de residuos y en la recuperación de quebradas y espacios naturales como acciones fundamentales para garantizar el derecho a un ambiente sano. Igualmente, se resaltó la importancia de la participación ciudadana en la gestión territorial y en la formulación de políticas públicas que contribuyan a proteger el medio ambiente y garantizar condiciones de vida dignas para las personas que habitan en zonas urbanas y rurales.
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