El pasado 31 de enero del 2022, un aluvión sorprendió a los habitantes del Noroccidente de Quito, especialmente, en el sector de La Gasca, donde el exceso de lodo destruyó postes, carros, cercas y casas.  Según informes oficiales del Municipio de Quito y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador,  hasta el momento se registran 26 fallecidos,  52 heridos y 10 personas desaparecidas, entre ellas, seis adultos y cuatro niños reportados al Puesto de Mando Unificado.

La Gasca es un sector residencial muy poblado y con muchos locales comerciales, que  colinda con la ladera del volcán Guagua Pichincha. El Municipio de Quito reportó una evaluación de 174 viviendas, de las cuales 38 están afectadas parcialmente, tres tienen daños en toda la infraestructura y, además, hay  22 motos y 15 carros afectados. No se puede obviar el hecho de que gran parte de estos daños se dieron principalmente en los barrios populares La Comuna y El Armero, sectores que llevan décadas con escasa o nula intervención estatal. 

Según la historia, el mismo acontecimiento se dio en 1975. El fuerte aluvión se precipitó por la quebrada de Pambachupa, hubo dos muertos y numerosos afectados. A pesar de las normativas ambientales y políticas públicas que tiene el país se siguen construyendo en laderas, brazos de estero y ríos secos. Evitar este tipo de catástrofe solo depende de las autoridades, ya que la pérdida de vidas por el aluvión refleja el abandono de la ciudad.

En ese sentido, no es la primera vez que se pide realizar las investigaciones pertinentes relacionadas a la presencia del llamado “cenizario ecológico Urku Pampa”. Han sido varias las ocasiones en que los habitantes de esta zona han señalado la existencia de un riesgo inminente gracias a la deforestación, producto de este proyecto. Debemos comprender que el agua tiende a pasar por dónde transcurre su camino natural y que por tanto se deben respetar al máximo los cursos de agua.  La necesidad que tiene la naturaleza de seguir su cauce no se controla con relleno ni técnicas de ingeniería, aunque pasen años de pasividad de sus cauces, la naturaleza exige su espacio.

El problema de acceso a una vivienda digna en ciudades como Quito se debe a los altos costos que las empresas inmobiliarias han impuesto, haciendo imposible que sectores sociales como menores ingresos puedan acceder. 

Lo sucedido en Quito es un ejemplo de la realidad de otros cantones ya que se construye sobre ríos, se rellena, se asfalta y se venden espacios donde no se puede construir, ignorando las necesidades sociales. El país debe impulsar políticas severas que puedan exigir responsabilidades por estas malas prácticas.

Ludy Caicedo
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