La muestra clara de que nunca hubo un plan real para combatir la delincuencia
En abril de 2024, nos dijeron que la seguridad tenía un precio y que, básicamente, debíamos hacer vaquita entre todos. Tres puntos más de IVA para financiar la “guerra” contra el crimen. El mensaje fue directo: “sin dinero, no hay seguridad”. Pero —sorpresa, sorpresa— ha pasado un año y ni la seguridad llegó, ni el dinero se ve por ningún lado.
Mientras ciudades como Guayaquil, Durán o Esmeraldas enfrentan niveles de violencia aún más brutales que antes, otras como Quito —y muchas que, entre comillas, no eran violentas— hoy resultan irreconocibles. Balaceras, extorsiones y asesinatos ya no son hechos aislados, sino parte del paisaje urbano. Y frente a este deterioro generalizado, la pregunta cae por su propio peso: ¿en qué se tradujo el esfuerzo fiscal que ya hicimos?
Y ahora, el gobierno sorprende con una nueva genialidad: la Ley Anticrimen, que ofrece un 30% de deducción tributaria a quienes donen equipamiento a la Policía o a las Fuerzas Armadas. Es decir, el “plan de seguridad” ahora depende, en parte, de la generosidad de quienes puedan permitirse donar chalecos, armas o patrulleros, a cambio de beneficios fiscales.
Esto no solo suena improvisado. Suena a falta de estrategia.¿No era que el alza del IVA cubriría las necesidades del sistema de seguridad? ¿Qué pasó con los millones adicionales recaudados? ¿Se acabó el presupuesto antes de que se vieran resultados? ¿O nunca hubo un plan real?
No es que esté mal que el sector privado aporte, pero si las políticas públicas se basan en la buena voluntad de los contribuyentes más ricos, algo muy básico está fallando.
La seguridad no se construye con descuentos tributarios ni con medidas parciales. Se construye con planificación, transparencia y resultados. Y hasta ahora, lo único que ha subido es el IVA, la delincuencia y la poca responsabilidad política.
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