El 9 de marzo de 2026, en el marco del 195° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizó en la ciudad de Guatemala, organizaciones sociales ecuatorianas sostuvimos un encuentro con integrantes de la Comisión para hablar sobre el racismo estructural y el perfilamiento racial en Ecuador, en un contexto marcado por el fortalecimiento de políticas de seguridad que están impactando de manera directa a comunidades negras y afrodescendientes.
En este espacio participaron la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), la Fundación Nía Kali y el Colectivo Mujeres de Asfalto. Durante la reunión tomaron la palabra Diana León, abogada de INREDH; Inés Santos, de la Fundación Nía Kali; Carlos Méndez, víctima de perfilamiento racial en Quito; y Juanita Francis Bone, del Colectivo Mujeres de Asfalto.
Las intervenciones permitieron poner en común experiencias y análisis que muestran cómo el perfilamiento racial opera en la vida cotidiana de muchas personas afrodescendientes en el país. Controles policiales basados en la sospecha, operativos de seguridad concentrados en determinados barrios y territorios y prácticas de criminalización que recaen de manera desproporcionada sobre cuerpos negros forman parte de una realidad que no puede entenderse como hechos aislados, sino como expresiones de un racismo estructural que atraviesa las instituciones y las políticas públicas.
Diana León presentó un panorama general sobre estas dinámicas en el país, incluyendo la situación del Valle del Chota, y se refirió a varios casos de violencia y criminalización que han llegado a instancias judiciales. También señaló las múltiples barreras que enfrentan las víctimas de violencia racial para acceder a la justicia y obtener respuestas efectivas por parte del sistema judicial.
Desde Guayaquil, Inés Santos compartió lo que ocurre en barrios históricamente estigmatizados como Trinipuerto, donde los operativos de seguridad suelen desplegarse bajo narrativas que asocian el territorio con la criminalidad. Estas prácticas no solo refuerzan prejuicios raciales, sino que consolidan una presencia estatal que se expresa principalmente a través del control y la vigilancia, en lugar de políticas que garanticen derechos y condiciones dignas de vida.
Carlos Méndez, por su parte, compartió su testimonio como víctima de perfilamiento racial en Quito. Relató la agresión que sufrió por parte de agentes metropolitanos y el largo camino que ha tenido que recorrer en el sistema judicial en busca de verdad, justicia y reparación.
Desde Esmeraldas, Juanita Francis Bone, llevó a la conversación la experiencia concreta de los territorios afrodescendientes. Habló del peso de la estigmatización, la sospecha permanente sobre los cuerpos negros y la forma en que las políticas de seguridad se traducen, muchas veces, en mayor presión y control sobre comunidades que históricamente han sido marginadas. Su intervención recordó que detrás de estas discusiones hay vidas, territorios y comunidades que enfrentan diariamente estas formas de violencia.
Este encuentro se realizó de manera privada porque la audiencia temática solicitada para discutir públicamente estas problemáticas no pudo llevarse a cabo.El Estado ecuatoriano nos falló de nuevo
A pocos días de su realización, el Estado ecuatoriano comunicó que no participaría ni de manera presencial ni virtual, argumentando una supuesta falta de notificación adecuada y solicitando la reprogramación del espacio, pese a que las organizaciones ya nos encontrábamos en Guatemala para participar en este mecanismo del sistema interamericano.
Para las organizaciones presentes, esta situación deja una preocupación e indignación profunda. Los espacios ante la CIDH existen precisamente para promover el diálogo y la rendición de cuentas frente a problemáticas de derechos humanos que requieren reconocimiento y acciones urgentes.
Las comunidades negras y afrodescendientes y las organizaciones que acompañan estos procesos merecen respuestas del Estado ecuatoriano. Reconocer el racismo estructural, atender las denuncias de perfilamiento racial y garantizar justicia frente a la violencia institucional no puede seguir siendo una discusión postergada. Nombrar estas realidades y exigir respuestas forma parte de la lucha por un país donde las políticas de seguridad no reproduzcan discriminación. No pedimos favores, exigimos derechos
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