En Esmeraldas, el racismo no siempre se pronuncia en insultos o estigmas. Muchas veces se respira en el aire contaminado, se bebe en el agua envenenada y se pisa en suelos que el petróleo vuelve estéril. Cuando el racismo ambiental se convierte en parte de la agenda necropolítica de los gobiernos, la vida de las poblaciones negras deja de ser una prioridad y pasa a ser una variable sacrificable dentro del modelo extractivo.
Las vidas negras importan, aunque el Estado pretenda ejercer una peligrosa amnesia selectiva.
Ha pasado un año del derrame de petróleo del 13 de marzo de 2025 en el sector de El Vergel, en la provincia de Esmeraldas. Ese día, una rotura en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano liberó más de 25.000 barriles de crudo que descendieron por quebradas y ríos hasta alcanzar el río Esmeraldas y finalmente el océano Pacífico.
El petróleo recorrió decenas de kilómetros de ríos y estuarios, contaminando manglares, playas, zonas agrícolas y comunidades ribereñas. Lo que quedó a su paso no fue solo una mancha negra, sino un territorio marcado por la devastación.
Especialistas llegaron a describir a los ríos Caple y Viche como ríos muertos, incapaces de sostener vida acuática debido a la toxicidad del crudo que cubrió su superficie. Las capturas de pesca colapsaron, especies desaparecieron de los monitoreos y los ecosistemas fluviales que sostienen la vida de las comunidades quedaron profundamente alterados.
El impacto ambiental fue inmediato, pero también lo fue el impacto humano.
Más de 113.000 personas resultaron afectadas directamente, muchas de ellas comunidades afrodescendientes que dependen del río para beber agua, pescar, cultivar y sostener sus economías familiares. Durante varios días, decenas de miles de familias quedaron sin acceso seguro a agua potable después de que la contaminación obligara a suspender la captación de agua en la provincia.
Las consecuencias sanitarias comenzaron a sentirse rápidamente. En centros de salud de la provincia se reportaron problemas respiratorios, irritaciones en la piel, afecciones oculares y enfermedades gastrointestinales asociadas a la exposición prolongada a gases y residuos derivados del petróleo.
La contaminación también golpeó directamente la economía campesina y pesquera. Cultivos de cacao, plátano, maíz y otros productos quedaron afectados por la presencia de hidrocarburos en los suelos, mientras miles de familias dedicadas a la pesca artesanal perdieron su principal fuente de sustento. En algunos cantones, la mayoría de los hogares vio comprometidos sus ingresos y muchas familias tuvieron que reducir su consumo de alimentos.
En varias comunidades el petróleo no solo contaminó el agua. También dejó extensiones de tierra agrícola inutilizables, impregnadas con residuos tóxicos que comprometen la producción durante años.
Pero detrás de las cifras ambientales hay una realidad política que no puede ser ignorada.
Lo ocurrido no fue únicamente un desastre ambiental. Fue también un desastre social, económico y político que volvió a colocar a Esmeraldas en el mapa de las injusticias estructurales que pesan sobre los territorios racializados del Ecuador.
Esmeraldas no es solo una provincia petrolera. Es también una provincia históricamente afrodescendiente, empobrecida, estigmatizada y marcada por décadas de abandono estatal. Allí donde el Estado llega tarde, llega poco o simplemente no llega, el racismo ambiental encuentra terreno fértil.
El racismo ambiental opera precisamente así. En territorios donde el poder político y económico calcula que los costos sociales de la destrucción serán menores. En territorios donde las vidas que habitan esos paisajes no son consideradas prioritarias dentro del imaginario nacional.
Lo ocurrido con el derrame de 2025 revela la persistencia de un modelo de desarrollo profundamente desigual. Un modelo que protege la rentabilidad del extractivismo mientras desplaza los costos ambientales y sociales hacia las comunidades que menos poder tienen para defenderse.
En ese sentido, la tragedia de Esmeraldas también puede leerse desde la necropolítica, esa lógica del poder que decide quién puede vivir con dignidad y quién debe sobrevivir en condiciones de precariedad. Mientras el petróleo fluye hacia los mercados internacionales, las comunidades negras cargan con la contaminación, el deterioro ambiental y la pérdida de sus medios de vida.
Un año después del derrame, las preguntas siguen abiertas.
Quién responde por los ríos contaminados.
Quién responde por las tierras que quedaron inutilizables para la agricultura.
Quién responde por las familias pescadoras que perdieron su sustento.
Quién responde por las niñas y niños que crecieron durante meses en medio de agua contaminada y aire tóxico.
Las comunidades siguen esperando procesos reales de remediación ambiental, reparación integral y garantías de no repetición. Sin embargo, las acciones del Estado han sido fragmentarias, lentas e insuficientes frente a la magnitud del daño.
La limpieza de los ríos avanza a un ritmo que no corresponde con la urgencia de la crisis ecológica, mientras muchas comunidades continúan enfrentando las consecuencias del derrame sin una política clara de restauración de los ecosistemas ni de compensación justa por las pérdidas sufridas.
Pero las comunidades también exigen algo más profundo. El reconocimiento de que lo ocurrido no fue simplemente un accidente técnico, sino la manifestación de un problema estructural que combina extractivismo, desigualdad territorial y racismo.
Porque cuando el racismo ambiental se convierte en política de Estado, los desastres dejan de ser excepciones y pasan a formar parte de la normalidad que se impone sobre los territorios negros.
Recordar lo ocurrido hace un año no es un gesto simbólico ni una simple conmemoración. Es un acto político. Es negarse a que la tragedia sea borrada de la memoria pública mientras las comunidades continúan enfrentando sus consecuencias.
La memoria, en contextos de injusticia, es una forma de resistencia.
Esmeraldas no necesita discursos ocasionales de solidaridad. Necesita justicia ambiental, reparación y un modelo de desarrollo que no trate a sus territorios como zonas de sacrificio.
Porque mientras el petróleo siga valiendo más que la vida, el racismo ambiental seguirá siendo una de las formas más silenciosas y persistentes de violencia estructural. Y en Esmeraldas, esa violencia todavía corre por los ríos.
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