Desde el Colectivo Mujeres de Asfalto denunciamos y rechazamos de manera firme la instrumentalización de las instituciones del Estado para perseguir, amenazar y limitar el trabajo colectivo en defensa de los derechos de la naturaleza.
La reciente sanción impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral a Yasunidos, que asciende a 18.000 dólares por una diferencia contable de apenas 0,39 centavos, no es un error administrativo: es un acto evidente de persecución política.
Se castiga a quienes hicieron posible la consulta popular del Yasuní. Se sanciona a quienes defendieron la vida, los territorios y abrieron camino a la democracia directa en el Ecuador. Se utiliza la ley como herramienta de intimidación para desalentar la participación ciudadana y debilitar los procesos organizativos.
Este hecho sienta un precedente gravísimo: en el Ecuador, ejercer el derecho a organizarse, participar y decidir colectivamente puede ser penalizado.
Resulta aún más alarmante que, mientras se persigue a la ciudadanía organizada, la voluntad popular expresada en las urnas en 2023 en defensa del Yasuní continúe sin cumplirse.
Frente a esta decisión arbitraria, respaldamos la acción de acudir a la Corte Constitucional y exigimos garantías plenas para el ejercicio de los derechos políticos, colectivos y ambientales.
Desde nuestros espacios de lucha decimos con claridad:
No vamos a retroceder.
No vamos a callarnos.
No vamos a permitir que se criminalice la defensa de la vida.
El Yasuní se defiende.
La democracia se ejerce.
¡Por el Yasuní, nadie se cansa!
