En abril de 2026, el Ministerio de Salud desvinculó a médicos, enfermeras y personal administrativo en distintas provincias, en varios casos de forma intempestiva, mientras hospitales enfrentan falta de insumos, sobrecarga y limitaciones para atender, el discurso oficial insiste en la “optimización de recursos” y en que se trata de apenas el 1% de la nómina. Pero cuando la mayoría de la población depende de estos servicios, incluso recortes “mínimos” tienen impactos graves.
Gremios médicos advierten que estas decisiones agravan una crisis estructural, en un país donde ya existe un déficit de personal —sobre todo de especialistas— y donde el sistema público no es un complemento, sino el principal sostén de atención sanitaria. Reducir equipos en este debilita la capacidad de respuesta donde más se necesita.
En ese escenario, el testimonio de quienes trabajan dentro del sistema resulta clave. En una entrevista para el medio digital PRIMICIAS, el médico Juan Barriga, del hospital Pablo Arturo Suárez, señaló que solo en Pichincha más de 130 médicos han sido desvinculados, y proyectó que a nivel nacional la cifra podría alcanzar los 900 despidos. Pero el problema no es sólo cuántos se van, sino cómo se van … y lo que queda. Despidos notificados de forma abrupta, incluso en horas de la noche, no solo dejan a hospitales sin personal en áreas críticas, sino también a profesionales de la salud enfrentando, de un momento a otro, la incertidumbre del desempleo en un país con pocas garantías laborales.
En Ecuador, donde el sistema público sostiene la mayor parte de la atención con millones de consultas al año, estas decisiones no son menores. Solo en 2018 se registraron 39,8 millones de atenciones por morbilidad, lo que da cuenta de la alta demanda que recae sobre el sistema.Menos personal en hospitales que ya operaban al límite, y que desde hace mucho han funcionado con déficit de especialistas, falta de insumos y sobrecarga, significa profundizar una crisis que no empezó ahora, pero que hoy se agudiza. Lo peor de todo, es que no se trata de cualquier sistema: según el Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud (RAS) 2018, el sector público concentró cerca del 84,75 % de las atenciones de prevención, es decir, 19,2 millones de consultas que dependen directamente de su funcionamiento.
Se suspenden cirugías, crecen listas de espera que ya eran largas y se multiplica la imposibilidad de atender a tiempo. La contradicción es evidente: se despide en medio de la escasez, mientras el Estado insiste en la eficiencia, lo que realmente se expande es la precariedad en el sistema que sostiene la mayor parte de la atención en el país. La reducción de equipos no corrige fallas estructurales ni resuelve problemas históricos; los intensifica y traslada el costo, una vez más, a quienes no pueden pagar alternativas privadas.
En medio del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la consigna que titula este trabajo “Que se joda la eficiencia, tenemos hambre y no tenemos trabajo” se vuelve clave, no hay eficiencia posible cuando quienes sostienen el sistema: no tienen estabilidad, condiciones, ni trabajo. Porque cuando la eficiencia se impone sobre la vida, lo que queda no es un sistema más ordenado, sino uno más frágil… y más injusto.
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