En Ecuador, el trabajo sexual suele discutirse desde dos lugares opuestos, posicionados como únicos: la moral y la libertad individual. Mientras algunos discursos siguen condenando a quienes lo ejercen, otros intentan defenderlo únicamente desde la autonomía y la validación laboral. Pero entre ambos extremos hay algo que muchas veces queda fuera de la conversación: las estructuras que empujan a miles de cuerpos feminizados hacia escenarios donde sobrevivir termina dependiendo del propio cuerpo.
El trabajo sexual no llega a nadie en igualdad de condiciones y en el “Nuevo Ecuador”, atravesado por desempleo, violencia, pobreza y economías criminales, esa desigualdad pesa más que nunca. Según cifras del INEC, la pobreza alcanzó el 24% en 2025 y la pobreza extrema llegó al 10,4%. Detrás de esos números hay mujeres sosteniendo hogares enteros con ingresos que no alcanzan, madres sobreviviendo desde la informalidad y jóvenes creciendo en territorios donde las oportunidades laborales prácticamente no existen.
La precariedad tiene rostro femenino. Son las mujeres quienes siguen cargando la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado: cocinar, limpiar, criar, cuidar enfermos, sostener emocional y económicamente a sus familias. Al mismo tiempo, enfrentan salarios más bajo y menos acceso a empleo estable. En un país donde el empleo adecuado apenas supera el 37%, muchas personas terminan aceptando trabajos atravesados por explotación, violencia o riesgo simplemente porque necesitan sobrevivir.
La pobreza por sí sola no explica todo, también existe una dimensión racial y territorial que suele invisibilizarse. En Ecuador, la pobreza y la violencia no afectan a todos por igual. Las mujeres afrodescendientes, indígenas, migrantes y trans suelen enfrentar niveles mucho mayores de exclusión laboral y precarización. En provincias históricamente abandonadas por el Estado, y hoy golpeadas por el narcotráfico, la minería ilegal y las economías criminales, la explotación sexual se mezcla cada vez más con redes de trata y violencia organizada.
Durante 2025, la trata de personas representó más de la mitad de los delitos vinculados a explotación humana registrados en Ecuador, y gran parte de esos casos estuvieron relacionados con explotación sexual. Muchas redes captan adolescentes y mujeres jóvenes mediante falsas ofertas de empleo, promesas económicas o supuestos trabajos de modelaje. Otras veces ni siquiera hace falta engañar demasiado: la necesidad económica, el hambre o la desesperación ya colocan a muchas personas en condiciones extremadamente vulnerables.
La crisis de violencia que vive el país también ha transformado estas dinámicas. Ecuador cerró 2025 con más de 9 mil homicidios, convirtiéndose en el año más violento de su historia reciente. En barrios donde el crimen organizado controla territorios enteros, las mujeres quedan todavía más expuestas a coerción, amenazas, explotación sexual y control sobre sus cuerpos. La prostitución ya no puede analizarse únicamente como una decisión individual cuando ocurre dentro de contextos atravesados por miedo, abandono estatal y violencia armada.
Y si hay cuerpos particularmente empujados hacia estos escenarios, son los cuerpos trans. La exclusión sistemática del sistema educativo y laboral hace que muchas mujeres trans encuentren cerradas casi todas las posibilidades de empleo formal desde edades muy tempranas. Muchas son expulsadas de sus hogares siendo adolescentes y sobreviven en ciudades que les niegan vivienda, seguridad y trabajo. En ese contexto, lel trabajo sexual aparece frecuentemente como una de las pocas alternativas posibles, no porque exista una predisposición natural, sino porque el sistema deja ciertos cuerpos fuera de todo.
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